Imputados dos ex directores generales de Fernández Vara por prevaricación y tráfico de influencias

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Mérida ha citado a declarar como imputados a dos ex directores generales de la Junta de Extremadura de la etapa del anterior gobierno regional por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Se trata de los ex directores generales de Ordenación Industrial y Política Energética, José Luis Andrade, y de Calidad Medioambiental, María Angeles Pérez, y el caso está relacionado con la explotación de una cantera de áridos en el término municipal de Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

Según ha informado a Vivenavalmoral.com en una nota de prensa Casavegas Abogados, también tendrán que declarar en el juzgado emeritense la Jefa de Sección de Minas de la Junta de Extremadura, María Antonia Valero, y el director facultativo de la cantera, José Manuel González, que es marido de la anterior.

En el proceso judicial, se encuentran también imputados los representantes legales de la empresa minera CG Minería S.L, titular de la explotación.

El penúltimo Consejo de Gobierno antes de las elecciones autonómicas, presidido por el entonces presidente, Guillermo Fernández Vara, aprobó un decreto de urgente ocupación de los terrenos anexos a la explotación "Villaluengo I" con el fin de que la cantera fuera ampliada.

El proyecto de ampliación no contaba con el preceptivo informe de impacto ambiental.

El proceso partió de una denuncia penal formulada en marzo por los propietarios del terreno anexo a la cantera, que consideraban incompatible el vínculo familiar existente entre la Jefa de Sección de Minas y el director facultativo de la cantera, que están casados.

Una segunda denuncia presentada en el juzgado emeritense pedía que se investigase la responsabilidad penal por aprobar la expropiación forzosa sin informe de impacto ambiental ni de la Consejería de Cultura, puesto que en la zona había yacimientos arqueológicos que no habían sido tenidos en cuenta.

La ampliación de la cantera fue paralizada en agosto, ya con nuevo gobierno autonómico, tras denunciar Adenex y un grupo de arqueólogos el daño que se podría causar a yacimientos arqueológicos catalogados en la Carta Arqueológica de Extremadura.

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